La dictadura de los honrados

Imagine el lector, por un momento, que está visitando Nueva York por vez primera. No insensible a la fascinación que Manhattan ejerce sobre los forasteros, desea llevar consigo, de regreso a casa, unos recuerdos gráficos de la impresionante urbe y utiliza para ello su videocámara. De repente, es detenido y conducido a dependencias policiales, porque inadvertidamente ha incluido en la escena grabada una oficina del FBI.

En el interrogatorio se descubre que su visado turístico ha caducado y, en vez de aplicarle la ley ordinaria que exige su deportación inmediata, se encuentra encerrado en una minúscula celda de aislamiento, donde la luz nunca se apaga. En esa situación permanece tres interminables meses durante los que nadie le da explicaciones.

Pues esto es lo que le ocurrió a un infeliz ciudadano nepalés, que apenas hablaba inglés y que hubiera podido permanecer en prisión mucho más tiempo si no hubiera sido porque un agente del FBI requirió asesoramiento legal sobre el caso.

Tras los atentados del 11-S se promulgó en EEUU una disposición que autorizaba al Servicio de Inmigración a mantener detenidos a los inmigrantes considerados de “interés especial”, hasta que el FBI pudiera garantizar que no eran terroristas. Como esto es prácticamente imposible y ningún órgano del Estado desea correr el riesgo de ser acusado de haber puesto en libertad a un terrorista, el pobre nepalés había entrado en un kafkiano laberinto del que no era fácil salir. Al menos, él se libró en tres meses, mientras que los presos de Guantánamo —muchos de ellos tan inocentes como él— han pasado dos años en el limbo legal del que sólo ahora empiezan a entrever una salida. Ninguno de los funcionarios implicados en tan graves violaciones de los derechos humanos ha sido expedientado por ello.

En el ‘New York Times’ del pasado domingo, de donde se ha extraído esta información, también se cita otro caso con vinculaciones españolas. Un abogado de Oregón, que nunca había estado en España, fue detenido por el FBI aduciendo que sus huellas digitales se habían hallado en una mochila relacionada con la masacre del pasado 11 de marzo en Madrid. La policía española las había enviado a EEUU y el FBI creyó identificarlas en la gigantesca base de datos donde, entre muchas otras, se incluyen las huellas de todos los que han pasado por el servicio militar en ese país.

La investigación del FBI se cerró entonces sobre el sospechoso. Se descubrió que era un converso al islam y que su esposa había nacido en Egipto. El hecho de que no había salido de EEUU en diez años no cambiaba la situación. Ni el que la policía española informara de que las huellas enviadas por el FBI no coincidían exactamente con las de la mochila. Se siguieron acumulando nuevas pruebas, como que el bufete de abogados donde él trabajaba se anunciaba en unas páginas amarillas musulmanas, cuyo editor tuvo alguna vez contactos profesionales con un secretario personal de Bin Laden.

Sólo cuando las autoridades españolas descubrieron que las huellas correspondían a un ciudadano argelino bien identificado y no al abogado estadounidense, el FBI tuvo que retirar los cargos y pedir excusas. El editorial del diario neoyorquino lo comenta así: “El calvario pudo haber durado mucho más si en la investigación no hubiese intervenido otro país cuya policía no estaba convencida de que el abogado de Oregón era culpable. Y pudiera no haber tenido fin si se hubiese tratado de un trabajador sin papeles”.

Lamentablemente es una tendencia muy común en los órganos policiales y de la justicia la de no reconocer sus errores y mantener o aumentar la persecución contra quienes apenas pueden defenderse. Se añaden nuevas pruebas —incluso falsas o distorsionadas— para conseguir que la opinión pública acepte sin protesta los hechos consumados y para satisfacción de los políticos que tienen a gala jactarse de la creciente eficacia de las acciones represivas.

Ante estos casos, como ante otros errores flagrantes en que suelen incurrir algunos gobiernos (recuérdese el de la identificación de los cadáveres de los militares españoles muertos en el accidente aéreo de Trebisonda), es común recurrir al argumento de la honorabilidad de los funcionarios gubernamentales, de su buena voluntad y de su sentido del deber y dedicación a lo público.

De este modo se desvía lo que es una legítima crítica a la acción política y a sus errores e incompetencias, y se la convierte en un inútil forcejeo sobre la percepción que se tiene respecto a las cualidades humanas de los gobernantes.

Dicho brevemente: se puede ser decente y virtuoso, y equivocarse. Pero habrá que pagar por ello, y tanto más cuanto más nefastos sean los resultados del error, con independencia de las cualidades humanas del incompetente. Merece la pena hacerse eco del editorial comentado: “Esta nación [EEUU] se organizó bajo el imperio de la ley, no bajo la dictadura de los honrados”.

Esa dictadura de los honrados, que tanta sangre ha hecho correr en el mundo, fue la que hizo que España apoyara la invasión ilegal e injusta de Iraq. Bajo el estricto imperio de la legislación nacional e internacional, ningún presidente del Gobierno español debió haber participado en el ultimátum de las Azores. Fue un censurable intento de demostrar que la honradez personal permite hacer caso omiso de la legalidad.

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